miércoles, 28 de noviembre de 2007

La Adaptación Básica ¿Cuestión de Orden Público…?

El Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto ante el TSJC por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, contra el Acuerdo del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Arrecife celebrado el pasado 19 de marzo, de “aprobación de la corrección y subsanación de errores y omisiones” de la Adaptación del PGOU de Arrecife al Texto Refundido 1/2000 de las LcOT, es una actuación inexcusable del Gobierno Canario que aplaudo por su acierto. La tramitación de la Adaptación Básica desde el inverosímil momento de su aprobación (27/09/2002), nefasto día para el interés general de Arrecife, fue un colosal engaño, una estafa de incalculables consecuencias, tal como revelan Concejales que votaron SI en el precipitado Pleno. Dichos Concejales ratifican rabiosamente de forma pública y notoria que los “engañaron” miserablemente, al aconsejárseles su conformidad en el momento de la propuesta, con mentiras y tretas, aseverándoles que ‘era un simple trámite de adaptación a las leyes del territorio’ y requiriéndoseles el voto favorable, cuando en realidad, tal acto escondía una Adaptación PLENA o REVISIÓN del Plan General de Arrecife, con recalificación de terrenos –más de 500.000 m2-, trapicheos a zona comercial de más de 700.000 m2, etc., etc., eventos que conllevan ¡forzosamente! [¡y no se llevó a cabo!]: “aprobación inicial, suspensión de licencias y publicación del acuerdo con Edictos insertados en Boletines y prensa, para general conocimiento de los ciudadanos” y, en su caso, si a los mismos les da la real gana de oponerse a tales cambalaches con recursos y pleitos; cuestiones que, supuestamente, no fueron explicadas por María Isabel, Celso, ni el Secretario Felipe a los ‘ingenuos’ (…) Concejales. Supongo que podría ser válido para los vecinos afectados en este pérfido asunto, aclararles que los preceptos legales cuando se refieren al Procedimiento Administrativo, señalan: “con sometimiento a la ley y al Derecho” y que este principio ha de entenderse como director máximo de toda forma de actividad realizada por las Administraciones Públicas (en este caso, el Ayuntamiento de Arrecife), considerandose la sumisión a la ley y al Derecho como un concepto unitario del ordenamiento jurídico y que, por tanto, las normas reguladoras de los procedimientos administrativos son imperativas, indisponibles a la voluntad de las partes, pudiendo ser deducida su vulneración de oficio como una cuestión de “orden público”, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, para mas inri, varias veces y en tiempos varios… (¡Vaya una coña marinera!. ¡Qué falta de orden y respeto!)
Los supuestos falsos trámites dados a la Adaptación por el ex Secretario de Arrecife con el ‘soporte’ de los Concejales a los que trató, supuestamente, con tretas inauditas, comparables quizás al popular “timo” de la estampita, se evidencia a la vista de los documentos relacionados con el Pleno: NO recomendarse y por tanto NO consignarse en el Acta del Pleno la obligada “suspensión” del otorgamiento de licencias, que es automática; no incluirse dicha suspensión en el texto del Anuncio despachado por el antedicho ex Secretario municipal para publicarse en el BOP nº 131 del 1 de noviembre de 2002; no advertirse tampoco en el precitado Anuncio, la obligación de ‘notificar’ a todos los vecinos de Arrecife: …”que el Expediente está a su disposición en el Ayuntamiento para consulta de los que deseen examinarlo antes de formular alegaciones”…
Tal supuesta negligente conducta de clara infracción del ordenamiento jurídico, con probable desviación de poder, provocaron una mas qué trascendental autoritaria indefensión a los vecinos y concejales engañados humillantemente, implicando tan mal comportamiento nulidad radical del Acto y, quizás, una no desdeñable cuestión de ‘orden público’ perseguible incluso de oficio; situaciones lamentables que, inicuamente, no se han corregido con valentía como pertenece, mediante la pertinente denuncia pues está claro el evidente perjuicio a los principios generales del Derecho, a los ciudadanos y a la casi totalidad de los Concejales, denigrantemente (o ¿ingenuamente?) engañados…

Ramón Perez Hernández
Arrecife 26 noviembre 2007.

Fuente: Archipielago tv/noticias

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